El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha hablado y ha dicho lo que era previsible: la central nuclear de Santa María de Garoña reúne garantías técnicas suficientes para continuar funcionando otros 10 años más, con algunas medidas complementarias que “refuercen” su seguridad, con un “programa de rejuvenecimiento” (o de “gestión del envejecimiento”).

Se ha querido dar la imagen de que el informe del CSN era un informe técnico, con las resonancias de asepsia, imparcialidad e independencia que suelen sugerir términos como “técnico o científico”. Pero, los consejeros que han aprobado por unanimidad el informe son consejeros de designación política, sin exigencias de capacitación técnica, con opiniones claramente pronucleares y (en algunos casos) directamente vinculados al sector nuclear.

Los cinco consejeros han sido nombrados por el Gobierno con el aval del Parlamento y reflejando su equilibrio político: 2 del PSOE, 2 del PP y 1 de CiU. No hay exigencias de formación o experiencia en seguridad nuclear y es suficiente ser “persona de reconocido prestigio”. Su presidenta es médica-ginecóloga y su vicepresidente, ex-ministro de UCD, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas. Otros tienen una formación técnica estrechamente vinculada al sector nuclear. Uno es miembro de la Sociedad Nuclear Española, que reiteradamente ha pedido construir nuevas centrales nucleares. Otro presidió ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y antes trabajó muchos años en ENDESA (propietaria del 50% de Garoña), donde acabó como Director de Proyectos de Centrales Nucleares Avanzadas. Pero aquí no hay incompatibilidades.

Nadie les niega con ello capacidad de opinar e informar, pero es difícil llamar opinión técnica e independiente a lo que digan.

Otras mentiras e intoxicaciones del sector nuclear No ha sido ésta la única distorsión que algunos han intentado transmitir estos días. El sector eléctrico ha dejado entrever que el cierre podría afectar al suministro eléctrico, ocultando que Garoña apenas supone el 0,6% de la potencia eléctrica instalada en el Estado español y en 2007 y 2008 no superó el 1,5% de la producción eléctrica.

El cierre de Garoña (y otras centrales nucleares) no tendría repercusión en el suministro ni causaría ningún riesgo de desabastecimiento. Tampoco aumentaría la inexistente dependencia de las nucleares francesas. Baste un ejemplo: el pasado mes de mayo había 4 nucleares paradas y el Estado español seguía exportando electricidad a Portugal y Marruecos. Ahora mismo, según la web del CSN, hay 3 centrales paradas o fuera de funcionamiento y no se me apaga el ordenador.

Se ha dicho que subiría la tarifa eléctrica un 10% con el cierre de Garoña, cuando saben que con el actual sistema de fijación de precios el consumidor apenas notaría variación alguna. Y saben mejor que nadie que el próximo mes de julio, con Garoña todavía en marcha, habrá una importante subida de la electricidad, pero para contener el actual déficit tarifario.

Lo que no se ha dicho son los enormes beneficios que Garoña reporta a sus propietarios, teniendo en cuenta que la central está amortizada desde hace muchos años y los únicos costes son combustible (uranio enriquecido), mano de obra y mantenimiento. Incluidos los irrisorios 50 millones de euros en que se han evaluado las inversiones derivadas del informe del CSN y que Nuclenor tenía ya previstos anteriormente.

El informe del CSN ni es suficiente ni es la última palabra El informe del CSN no aporta muchas novedades. Algunos de los requerimientos estaban ya incluidos en el primer informe emitido tras la solicitud de esta prórroga el año 2006. Nuclenor ya había avanzado que no los cumpliría para el 2009 y prometido que se realizarían en las paradas de recarga de combustible de 2011 (cambiar el sistema de ventilación del edificio de contención, donde se encuentra el reactor) y 2013 (cambiar las decenas de kilómetros de cable que supone el “programa de gestión del envejecimiento”). Mientras tanto, recientemente ha cargado uranio para funcionar hasta el 2011. Lo único que ha hecho el CSN es aceptar esa “prórroga de hecho” y dar por válidas las promesas.

Tampoco el CSN ha tomado en consideración el grave estado de agrietamiento múltiple por corrosión intergranular, que afecta a elementos de la vasija del reactor y otros del circuito primario. Se ha limitado a recomendar su seguimiento o vigilancia.

El debate en el CSN no era cerrar o no Garoña, sino conceder una nueva prórroga de 10 años a una central nuclear que está amortizada, económica y técnicamente. Garoña está a punto de cumplir 40 años de vida útil para los que fue concebida (aunque ahora lo llamen “vida de diseño”) y hay razones técnicas sobradas para anticipar en 2 años su final.

Ahora Zapatero debe tomar la decisión política última El informe del CSN no es vinculante y ahora el Gobierno tiene en su mano la decisión de cerrar Garoña ya, denegando la prórroga. Para ello debe valorar los factores indicados y otros: ambientales, sociales, políticos y económicos. En definitiva factores relacionados con la política energética. Y oír otras voces además de las de sus “asesores políticos del CSN”, incluidas las voces de su propio partido y los ecos de sus promesas electorales.

Zapatero, que en su día se manifestó como “el más antinuclear de su gobierno”, tiene la oportunidad de empezar a cumplir el programa electoral de su partido: “Mantendremos nuestro compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías más seguras, más limpias y menos costosas, que se llevará a cabo de forma ordenada en el tiempo” (PSOE, elecciones generales 2004 y 2008).

En estos 5 años la producción de Garoña (y algunas nucleares más) ha sido sobradamente sustituida por el incremento de energía eólica y solar, sin contar la instalación de nuevas térmicas de ciclo combinado. Solamente en 2007 la producción de electricidad renovable se incrementó el doble de la producción de Garoña. Por lo tanto están cumplidas las condiciones, falta cumplir la palabra dada.

Garoña es la única central de primera generación que queda en funcionamiento: Vandellós 1 cerró en 1989 por accidente y Zorita en 2006 por una decisión política adoptada en 2002. El sector eléctrico se juega mucho con la prórroga de Garoña: la posibilidad de continuidad de otras centrales nucleares más allá de los 40 años. Pero nosotr@s nos jugamos mucho más: la salud y el medio ambiente, la tranquilidad y la vida.